Según una nueva investigación publicada hoy por Physicians for Human Rights, en colaboración con profesores y estudiantes investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, durante la pandemia de COVID-19, ICE sometió a las personas detenidas en sus instalaciones a abusos sistémicos, desapego de las medidas de salud pública y negligencia médica.
El informe de PHR revela que las prácticas de salud y seguridad de ICE no cumplieron con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ni con los propios Requisitos de Respuesta ante una Pandemia de ICE, sometiendo a las personas detenidas a riesgos de salud desmedidos que violaron sus derechos constitucionales y humanos.
“Rezando por jabón de manos y cubrebocas: violaciones a la salud y a los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19” documenta fallas significativas en el manejo del virus dentro de los centros de detención de ICE, mismas que suscitaron condiciones peligrosas y dejaron a los inmigrantes sin recursos para protegerse sí mismos. El informe pone en evidencia cómo ICE descuidó la práctica de incluso las medidas más básicas necesarias para identificar, tratar y mitigar la propagación del coronavirus dentro de sus centros de detención, sin proporcionar información precisa sobre el virus y tomando represalias contra las personas detenidas que expresaron sus quejas.
El informe representa la evaluación más sistemática realizada a la fecha sobre las condiciones dentro de los centros de ICE durante la pandemia de COVID-19, y ofrece recomendaciones detalladas de normas y prácticas en la detención de inmigrantes dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional, el Congreso, los gobernadores estatales y las autoridades locales de salud pública, los CDC y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe está basado en entrevistas realizadas a profundidad a 50 personas que estuvieron detenidas en 22 instalaciones distintas de ICE, incluyendo centros de detención tanto públicos como privados localizados en 12 estados, y que fueron liberadas por ICE entre el 16 de marzo y el 12 de agosto de 2020. El promedio de duración de la estancia en los centros de detención de ICE de los entrevistados fue de 241 días. Las entrevistas fueron realizadas por estudiantes investigadores y otros miembros de Harvard Student Human Rights Collaborative, un colectivo estudiantil de Physicians for Human Rights dentro de la Facultad de Medicina de Harvard, y tuvieron lugar entre el 13 de julio y el 3 de octubre de 2020.
Los investigadores advierten que el número relativamente pequeño de entrevistados (50 personas de más de 16.000 detenidos en todo el país) puede no suponer una muestra representativa. Sin embargo, la consistencia en las fallas relatadas por los entrevistados en 22 centros de detención de ICE hace que los hallazgos resulten profundamente alarmantes, afirmaron los investigadores.
“Nuestros hallazgos muestran que ICE ha violado repetidamente incluso sus propias pautas y protocolos mínimos durante la pandemia de COVID-19, exponiendo a las personas detenidas a graves amenazas para la salud y violaciones de sus derechos humanos”, afirmó el Doctor Ranit Mishori, asesor médico principal de Physicians for Human Rights, profesor de medicina familiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown y coautor del informe. “Para evitar brotes adicionales de COVID-19 en las instalaciones de ICE y sus comunidades circundantes, ICE debe liberar inmediatamente a las personas de los centros de detención de inmigrantes a fin de que puedan resguardarse a una distancia social segura en el hogar, en cumplimiento con las mejores prácticas de salud pública, derechos humanos internacionales y estándares constitucionales de los Estados Unidos”.
El cuestionario estándar utilizado con los entrevistados que estuvieron en centros de detención fue diseñado para evaluar la implementación de los Estándares Nacionales de Detención (NDS, por sus siglas en inglés) de ICE, así como los Requisitos de Respuesta a la Pandemia COVID-19 (PRR, por sus siglas en inglés) de las Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE. Utilizando el NDS y el PRR como puntos de referencia, el informe analiza cómo ICE falló repetidamente en el cumplimiento de sus propios estándares para contener brotes de enfermedades infecciosas como COVID-19.
Las numerosas violaciones de ICE a la salud, la seguridad y la dignidad de los inmigrantes detenidos incluyeron:
• El personal del centro hizo esfuerzos limitados para informar a los detenidos sobre el COVID-19, incluso algunos miembros del personal restaron relevancia a la pandemia. Alrededor del 85 por ciento de los detenidos informaron que se enteraron del COVID-19 viendo televisión.
• El “distanciamiento social” no se practicaba en los centros de detención de ICE y los entrevistados informaron que dormían, en promedio, a menos de tres pies (.91 metros) de otros detenidos. El ochenta por ciento informó que nunca consiguió mantener una distancia de seis pies (1.8 metros) de los demás en el área de comedor.
• Bajo custodia, los cubrebocas nuevos eran un lujo. El 17% de los entrevistados informó que nunca se les dio un cubrebocas. Mientras que aquellos que sí recibieron uno fue como única ocasión, obligándoles a fabricar sus propios cubrebocas de repuesto o a utilizar el mismo durante meses.
• A menudo no se les proporcionaba jabón, lo que obligaba a los inmigrantes a lavarse las manos solo con agua o con otros productos de baño. Alrededor del 72 por ciento de los entrevistados informó que en algún momento de su detención careció de acceso gratuito a agua y jabón o desinfectante para manos.
• Los inmigrantes desinfectaban los centros de detención ellos mismos, a menudo a cambio de $ 1 dólar por día o sin paga. El veintiséis por ciento de los participantes informó que nunca vio que se hiciera una desinfección de las superficies de contacto frecuente en las áreas comunes.
• ICE no realizó pruebas ni aisló adecuadamente a los inmigrantes detenidos con síntomas virales. Casi la mitad de los encuestados (21 de los 50 entrevistados por PHR) experimentaron síntomas de COVID-19 mientras estuvieron detenidos. Dieciocho de estos 21 informaron sus síntomas al personal de ICE, pero solo tres de esas personas fueron adecuadamente aisladas de la población general y se les realizó la prueba de COVID-19. El 83 por ciento restante (15 personas) informó sus síntomas a los miembros del personal del centro, pero no se les hizo la prueba de COVID-19 y tampoco se les aisló.
• Las personas con comorbilidades con mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave no recibieron adaptaciones especiales. Alrededor del 56 por ciento de los entrevistados (28 personas) informó sus comorbilidades al personal del centro de detención, pero solo a cuatro de ellos se les dijo que corrían un alto riesgo de padecer una enfermedad grave a causa del COVID-19.
• ICE hizo un mal uso del confinamiento solitario como forma de aislamiento médico. Varios entrevistados dijeron que nunca informaron oficialmente sus síntomas al personal del centro por temor a ser enviados a confinamiento solitario o ser castigados de alguna otra manera.
• ICE tomó represalias contra los inmigrantes detenidos que expresaron quejas sobre problemas relacionados con COVID-19 y el 56 por ciento de los entrevistados informó actos de intimidación y represalias después de manifestar dichas quejas (desde abuso verbal y limitación de alimentos hasta uso de gas pimienta y confinamiento solitario).
Si bien existen reportes de que ICE no cuenta bien y tergiversa el alcance de la propagación del COVID-19 en sus instalaciones, así como de que el acceso a pruebas ha sido limitado, el manejo de COVID-19 por parte de la agencia ha resultado en el informe de al menos unas 558 personas infectadas, actualmente en detención, y ocho personas que han muerto bajo custodia al 4 de enero de 2021.
De hecho, un estudio realizado por los mismos investigadores publicado en el mes de octubre en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA, por sus siglas en inglés) encontró que la cantidad de personas por mes que dieron positivo al SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) en centros de detención de ICE entre abril y agosto de 2020 fue de 5.7 a 21.8 veces mayor que la tasa de casos de la población general de los Estados Unidos durante ese mismo período.
“El aspecto más recurrente en nuestras entrevistas fue la sensación de miedo: miedo a lo desconocido del virus, miedo a contraerlo, miedo a morir y miedo a no volver a ver a sus familias nunca más. No había ninguna manera viable de lidiar con este miedo ya que las quejas sobre la falta de precauciones y atención médica del COVID-19 por parte de ICE condujeron a represalias severas en forma de confinamiento solitario, gas pimienta y pérdida de privilegios, incluso limitando el acceso al jabón durante una pandemia”, afirmó la coautora del informe, la Doctora Katherine Peeler, experta médica en PHR y miembro de la Facultad del Departamento de Salud Global y Medicina Social de la Facultad de Medicina de Harvard.
“ICE y el gobierno de los Estados Unidos tienen obligaciones legales y éticas de brindar atención médica humana y basada en evidencia a quienes se encuentran bajo su custodia”, agregó Peeler, quien también es directora médica de la clínica de asilo de Harvard Student Human Rights Collaborative en la Facultad de Medicina de Harvard, un colectivo del programa de asilo de PHR. “Nuestros hallazgos sugieren que, en este frente, ICE falló. Si bien nuestro estudio entrevistó solo a 50 ex detenidos, ICE violó muy claramente esas obligaciones descritas por estas 50 personas. Sospechamos que esto es simplemente la punta del iceberg”.
Con base en estos hallazgos, y para prevenir nuevos brotes de COVID-19, los autores del informe solicitan la liberación segura de las personas que se encuentran en centros de detención de inmigrantes, en apego a las recomendaciones de expertos en salud pública, derechos humanos internacionales y estándares constitucionales de los Estados Unidos. PHR lidera una campaña de defensa para movilizar a los profesionales de la salud y al público con el fin de solicitar al Congreso que implemente alternativas a la detención de inmigrantes y que cumpla con las obligaciones de los Estados Unidos para el cuidado humanitario de todos los detenidos actualmente.
“Si bien las condiciones en algunos centros de detención de ICE han mejorado ligeramente desde el inicio de la pandemia, estos cambios solo se han producido después de que se inició el litigio y los inmigrantes detenidos compartieron sus desgarradoras historias con abogados, organizaciones de defensa y la prensa”, aseguró Kathryn Hampton, oficial senior del programa de asilo en PHR y coautora del informe. “Entre las naciones, Estados Unidos ha resultado excepcional en su uso generalizado de una detención de inmigrantes punitiva, peligrosa y carente de ética en medio de una pandemia. El derecho internacional requiere a los gobiernos que limiten la detención de inmigrantes como último recurso y con las protecciones del debido proceso, mientras que la Constitución de los Estados Unidos prohíbe las medidas punitivas en la detención civil y requiere al gobierno que garantice condiciones seguras y saludables”.
“Una y otra vez, ICE ha demostrado ser incapaz o no querer garantizar estándares básicos de salud y seguridad para las miles de personas bajo su custodia”, añadió Hampton.
Los expertos en salud, así como las organizaciones nacionales e internacionales, han resaltado los riesgos mortales de la detención de inmigrantes en medio de brotes de enfermedades infecciosas y desde hace mucho tiempo han solicitado su liberación inmediata por motivos humanitarios y de salud pública durante la pandemia de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados declararon en marzo de 2020 que, dado el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19, las personas en detención migratoria deberían ser liberadas “sin demora”. Los tribunales federales de los Estados Unidos han ordenado a ICE que localice y libere a las personas con alto riesgo de enfermedad grave o muerte debido al coronavirus, que proporcione cubrebocas y desinfectante a los detenidos, que garantice la disponibilidad de las pruebas y que tome una serie de medidas de precaución, como aislar a las personas que resultan positivas en la prueba, detener temporalmente el ingreso, imponer el distanciamiento social y el uso de cubrebocas, y proporcionar suministros sanitarios y de higiene adecuados.
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos del informe.
Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.