Tres o cuatro años después de haber sido separados de sus hijos por el gobierno de los EE. UU., los padres y madres solicitantes de asilo que fueron deportados continúan padeciendo un trauma psicológico severo, según la más reciente investigación publicada hoy por Physicians for Human Rights (PHR). Los hallazgos de esta investigación subrayan la obligación incumplida del gobierno de los EE. UU. de brindar indemnización, rehabilitación y reparación a los sobrevivientes de la separación familiar.
El total de 13 padres y madres evaluados psicológicamente por parte de médicos expertos de PHR cumplieron con los criterios de diagnóstico de al menos una afección de salud mental vinculada al trauma de la separación familiar. La gran mayoría fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático (11 de 13). Otros diagnósticos incluyeron: trastorno depresivo mayor (10 de 13), trastorno de ansiedad generalizada (5 de 13), trastorno relacionado con trauma (1 de 13) y trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo depresivo (1 de 13).
“‘Me arrancaron una parte del corazón’: la deuda pendiente del gobierno de los EE. UU. con los sobrevivientes torturados por la separación familiar” es el primer informe realizado hasta la fecha que documenta los impactos psicológicos de la separación familiar en los padres y madres al cabo de tres o cuatro años de haber sido separados de sus hijos y deportados por funcionarios estadounidenses durante la administración de Trump. Esta investigación es también pionera al evaluar las peticiones de los padres separados con respecto a la reparación y la rendición de cuentas, arrojando luz sobre qué formas de compensación buscan las víctimas de la separación forzada por parte del gobierno de los EE. UU.
“Las evaluaciones psicológicas realizadas por los médicos de PHR muestran que las familias separadas continúan padeciendo una angustia significativa, deterioro funcional y trastornos de salud mental”, afirmó Michele Heisler, MD, MPA, directora médica de PHR y profesora de medicina interna y salud pública en la Universidad de Michigan, quien realizó una evaluación para el informe. “Este trauma prolongado es consecuencia de haber sufrido la separación forzada de sus hijos por parte del gobierno de los Estados Unidos y luego haber sido deportados a sus países de origen donde padecen una persecución”.
“Estos nuevos hallazgos demuestran que la reparación y la compensación no son una política opcional sino el cumplimiento mínimo de la obligación del gobierno de los EE. UU. con las víctimas como resultado de sus violaciones del derecho internacional y nacional”, agregó la Dr. Heisler.
Al menos 3,951 niños fueron separados de sus familias durante la administración de Trump, según el Grupo de Trabajo Inter agencial para la Reunificación de Familias de la Casa Blanca. A febrero de 2022, al menos 324 niños se encontraban en proceso de reunificación, mientras que 1.228 niños aún no habían sido reunidos sus padres. Después de calificar la separación familiar como “criminal” durante la campaña presidencial y prometer restaurar la “humanidad” en el sistema de asilo, la administración Biden se retiró abruptamente de las negociaciones de acuerdos con familias separadas en diciembre de 2021. Las familias han quedado en un limbo legal, vulnerables a la deportación y sin acceso a estatus migratorio permanente. Si bien los fallos judiciales anteriores han requerido que el gobierno de los EE. UU. reúna a las familias y brinde servicios de rehabilitación, muchas familias continúan separadas, carecen de acceso a la atención médica y no han recibido la compensación o las reparaciones que les debe el gobierno de los EE. UU.
Para este informe, médicos de todas las especialidades (incluidas: psiquiatría, psicología, neurología, pediatría, entre otras) realizaron evaluaciones psicológicas exhaustivas de 13 padres y madres que fueron separados por la administración de Trump en 2017-2018 y luego fueron deportados a sus países de origen, incluyendo El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Al momento de las evaluaciones (marzo y abril de 2021), 11 de los 13 padres aún continuaban separados de sus hijos. Los médicos cotejaron los síntomas con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y/o emplearon versiones validadas en español como PCL-5, GAD-7 y PHQ-9, que se utilizan para diagnosticar de forma preliminar los trastornos y evaluar la gravedad de los síntomas.
Es posible que estos 13 padres y madres no sean representativos de todos aquellos separados y deportados, ya que fueron remitidos a PHR por Al Otro Lado, una organización de la sociedad civil con sede en Tijuana, México, que brinda representación legal a refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes. Sin embargo, dada la dificultad de contactar a los sobrevivientes de la separación familiar, ya que están dispersos en distintos países, además de encontrarse altamente traumatizados y de que frecuentemente viven escondidos, el informe ofrece una ventana importante a las experiencias padecidas por las personas perjudicadas por la política de inmigración de EE. UU. y lo que buscan en términos de compensación y reparaciones.
El informe arroja luz sobre las experiencias de de separación, deportación y el trauma prolongado que aqueja a estas familias. Casi en su totalidad, las personas evaluadas reportaron alteraciones continuas del sueño, pesadillas, pérdida de apetito, pérdida de interés, miedo al mirar a futuro, preocupación constante, desesperanza y falta de capacidad de concentración. Una madre expresó que estar separada de su hija se sentía como algo que la “asfixiaba por dentro”. Otro padre afirmó que sintió la separación como un dolor físico porque su hijo era “una parte de mi corazón que me fue arrancada”. Mientras que otra madre dijo: “No sé si alguna vez podré recuperarme de lo que he sufrido”.
Los evaluadores expertos de PHR señalaron que el trauma sufrido por los padres y los niños ameritaba una mayor intervención y apoyo terapéutico continuo, porque los eventos continuaban causando una angustia considerable y un deterioro funcional prolongado. Las intervenciones recomendadas con mayor frecuencia incluyeron psicoterapia centrada en el trauma, terapia de apoyo y atención psiquiátrica para considerar el tratamiento con medicamentos.
“Incluso en comparación con otras experiencias altamente traumáticas como el asalto y la agresión, muchos padres aseguraron que la separación familiar fue lo peor que habían vivido”, afirmó Ranit Mishori, MD, MHS, asesor médico principal de PHR, profesor de medicina familiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, y coautor del informe. “Los funcionarios estadounidenses separaron por la fuerza a los padres de sus hijos, causándoles dolor y sufrimiento extremos, para obligarlos a renunciar a sus solicitudes de asilo. Por estas razones, los casos documentados por PHR cumplen con la definición legal de tortura. Como perpetrador de tortura, el gobierno de los EE. UU. está obligado a proporcionar una reparación rápida y efectiva a los sobrevivientes, incluidos los servicios de rehabilitación psicológica que según este informe demuestra, se necesitan con urgencia”.
Los médicos también consultaron a las 13 personas afectadas sus perspectivas sobre las medidas de reparación, que incluyen: reunificación y estatus migratorio en los Estados Unidos como forma de restitución y garantía de que esto no les vuelva a ocurrir, compensación financiera, rehabilitación mediante tratamiento médico y de salud mental, y medidas como una disculpa pública, la investigación y la persecución penal como forma de resarcimiento y garantía de que esto no se repita.
En términos generales, la mayoría de los padres expresó su apoyo a solicitar: una disculpa pública formal por parte del gobierno, una investigación como una comisión de la verdad, compensación financiera y cobertura de los gastos de rehabilitación, así como reformas legales para evitar que esto se repita y estatus migratorio permanente en los Estados Unidos, para garantizar que no volverán a separarles de sus hijos. Mientras que, entre los evaluados, el apoyo a que se lleve a cabo una persecución penal de aquellos funcionarios que diseñaron e implementaron la política de separación familiar obtuvo opiniones mixtas. Como destaca el informe, todas estas medidas de restitución están respaldadas por leyes estadounidenses y tratados internacionales ratificados por Estados Unidos.
“Los efectos severos y prolongados de la separación familiar significan que es posible que la salud, el bienestar y la autosuficiencia de los sobrevivientes nunca se recuperen por completo. Pero al aceptar las reparaciones centradas en los sobrevivientes, el gobierno de EE. UU. tiene la oportunidad de expiar sus violaciones, contribuir a la recuperación de las familias afectadas y mostrar liderazgo en derechos humanos en el escenario internacional”, aseguró Kathryn Hampton, MSt, MA, subdirectora del Programa de Asilo de PHR y coautora del informe. “La administración de Biden debería retomar de inmediato las negociaciones de acuerdos globales de las que vergonzosamente se apartó en diciembre. En lugar de defender las prácticas de separación familiar de Trump en los tribunales, el Departamento de Justicia debería proporcionar reparación y rehabilitación, de acuerdo con las obligaciones de los tratados de EE. UU. A las familias se les debe ofrecer un estatus migratorio permanente y se les debe consultar ampliamente sobre otras medidas de reparación cruciales, incluida una disculpa formal del gobierno de los EE. UU. y una comisión de la verdad”.
Una nueva petición lanzada por PHR hace un llamado a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para que reúnan de inmediato a las familias que permanecen separadas y proporcionen compensación a todas las familias afectadas.“‘Me arrancaron una parte del corazón’: la deuda pendiente del gobierno de los EE. UU. con los sobrevivientes torturados por la separación familiar” se basa en varios estudios históricos de PHR sobre los impactos de la separación familiar, incluido el informe de febrero de 2020 “’Nunca más verás a tu hijo: el efecto prolongado de la separación familiar” y un artículo de noviembre de 2021 publicado en PLOS One, “Análisis cualitativo de documentos médico-legales: efectos psicológicos de la separación familiar forzada en padres e hijos solicitantes de asilo político en la frontera entre México y EE.UU.”
Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.