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Una nueva investigación de Physicians for Human Rights (PHR) documentó trauma psicológico grave en integrantes de familias que fueron separadas por el gobierno estadounidense en la frontera sur de los EE. UU.
Según el informe de PHR, con base en evaluaciones psicológicas profundas de 26 personas solicitantes de asilo (nueve niños y niñas y 17 padres y madres), la práctica gubernamental de separar por la fuerza a las familias que solicitan asilo constituye un trato cruel, inhumano o degradante y, en todos los casos que evaluó PHR, cumple con los criterios de tortura.
La administración Trump probó en secreto la práctica de separación forzada de las familias con el objetivo específico de desalentar a los migrantes de trasladarse a los Estados Unidos en 2017 e intensificó su uso en la frontera sur de abril a junio de 2018, antes de que un requerimiento judicial la suspendiera. Sin embargo, según las cifras del gobierno, la separación de familias ha continuado, y muchas de estas familias todavía no son reunificadas.
El nuevo informe de PHR, ‘Nunca volverás a ver a tu hijo’: los efectos psicológicos persistentes de la separación de familias, proporciona, por primera vez, evidencia médica y psicológica de los daños duraderos relacionados con la separación de familias. Hasta la fecha, es el primer análisis que se basa en declaraciones medicolegales juradas escritas por personal médico especializado a partir de las evaluaciones psicológicas profundas de niños, niñas, padres y madres solicitantes de asilo. Estas personas huyeron de sus países de origen (El Salvador, Guatemala y Honduras) en busca de refugio en los Estados Unidos, solo para ser separadas por la fuerza en la frontera, antes del 26 de junio de 2018, y enviadas a centros de detención a cientos o miles de millas de distancia de sus familiares.
Dentro del grupo específico evaluado por PHR, se observó que todos los niños y niñas separados (9) y todas excepto dos de las personas adultas (15 de 17) cumplían con los criterios de diagnóstico para trastorno de estrés postraumático (TEPT), trastorno depresivo mayor (TDM) o trastorno de ansiedad generalizada (TAG); diagnósticos que profesionales médicos independientes consideraron muy coherentes y vinculados con la experiencia de la separación familiar. Aunque este estudio se centra en las experiencias de un grupo reducido de personas, los testimonios de las 26 personas evaluadas ayudan a ilustrar las experiencias de otras familias separadas en virtud de la política de la administración Trump.
Con arreglo a la definición que figura en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, el personal experto de PHR concluyó que las autoridades estadounidenses, de forma deliberada, realizaron acciones discriminatorias que provocaron dolor y sufrimiento graves, con el fin de castigar, coaccionar e intimidar a las personas solicitantes de asilo centroamericanas para que renunciaran a sus solicitudes. PHR también considera que la manera en que se puso en práctica la separación de familias fue una forma de desaparición forzada temporal, lo que ocurre cuando el Estado oculta el destino o paradero de una persona privada de su libertad.
“Los casos de separación de familias documentados por PHR representan una forma de tortura por el gobierno estadounidense”, afirmó Ranit Mishori, MD, coautora del informe y asesora médica sénior de PHR. “Incluso cuando fueron evaluados por profesionales médicos después de un año de estar reunidos con sus familias, estos niños, niñas, padres y madres todavía muestran signos de trauma compuesto, incluyendo TEPT, depresión y ansiedad”.
A pesar de la indignación pública generalizada en años recientes, la separación de familias que solicitan asilo en los Estados Unidos continúa hasta la fecha. Según las cifras proporcionadas por el gobierno a la American Civil Liberties Union, más de 1,110 familias han sido separadas desde el 26 de junio de 2018, fecha en que se expidió un requerimiento a nivel nacional para suspender las separaciones. Desde julio de 2017, se ha separado de sus familias a un total de 5,512 niños y niñas.
“Nuestros hallazgos proporcionan evidencia contundente sobre los efectos adversos y duraderos para la salud mental relacionados con la separación forzada de las familias que realizó la administración Trump”, dijo la Dra. Mishori.
Debido a los actos de violencia selectiva sufridos en sus países, las familias evaluadas por PHR llegaron a la frontera tras haber estado expuestas al trauma, por amenazas de muerte, agresión física y sexual, familiares asesinados y extorsión, principalmente por las actividades de las pandillas. Mediante los relatos de estas personas, el informe de PHR describe cómo, poco después de su llegada a los Estados Unidos, las autoridades migratorias arrancaron a niños y niñas de los brazos de sus padres y madres, se llevaron a estos últimos mientras sus hijos o hijas dormían o simplemente “desaparecieron” a los niños y niñas mientras sus padres y madres estaban en los tribunales o recibiendo atención médica.
Según las declaraciones medicolegales juradas que analizó PHR, la mayoría de las familias no recibieron información alguna sobre el motivo de la separación, a dónde enviarían a sus familiares y si se reunirían con ellos o cómo lo harían. A menudo, se envió a los niños y niñas a centros de detención en estados distintos a los de sus padres o madres.
El informe documenta episodios de crueldad hacia estas familias, como autoridades que les decían a los padres y madres “nunca volverás a ver a tu hijo” o a una niña pequeña que, si no se “comportaba”, no volvería a ver a su madre. Las familias también informaron que las condiciones de detención eran terribles, lo que incluía circunstancias de hacinamiento y malos tratos. Un niño relató que el personal de un centro de detención lo golpeaba con zapatos.
El informe también describe que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía planes para la reunificación de las familias. Cuando esto por fin ocurría, era de forma caótica y poco sistemática.
“Los funcionarios estadounidenses operaron bajo la apariencia de legalidad mientras privaban a padres, madres, hijos e hijas de su derecho a la integridad familiar. De forma deliberada, causaron daños graves con el fin de castigar a las personas solicitantes de asilo y obligarlas a renunciar a sus solicitudes de asilo”, declaró Kathryn Hampton, coautora del informe y oficial sénior del Programa de Asilo. “El gobierno de los EE. UU. debe respetar las normas nacionales e internacionales, cumpliendo sus obligaciones de proporcionar reparaciones a las víctimas de tortura, incluido el tratamiento de salud mental, para las personas afectadas por esta política repugnante”.
“No se ha puesto fin a la separación de familias, y tampoco se ha reunificado a todas las familias separadas”, dijo Donna McKay, directora ejecutiva de PHR. “Pedimos a la administración Trump que reunifique inmediatamente a las familias, incluidos los padres y madres deportados, y acabe de una vez por todas con la separación de familias”.
El grupo de 20 profesionales de la salud que entrevistaron a las personas solicitantes de asilo –incluidos psiquiatras, psicólogos, pediatras y otros profesionales de la salud mental– documentaron que casi todos los padres y madres mostraron síntomas y comportamientos acordes con el trauma y sus efectos duraderos: estar confundidos, alterados y preocupados, llorar con frecuencia, tener dificultades para dormir y pesadillas, estar gravemente deprimidos o ansiosos, y tener manifestaciones fisiológicas de pánico y desesperación. También señalaron que las reacciones de los niños y niñas incluyeron manifestar conductas regresivas con relación a su edad, no poder retener la orina, llorar, no comer y tener pesadillas y otras dificultades para dormir, así como aferrarse a sus padres y madres y sentirse asustados incluso después de regresar con ellos.
La gran mayoría de los diagnósticos de salud mental (TEPT, TDM y TAG) determinados por el personal médico que realizó las evaluaciones concuerdan en gran medida con los efectos del trauma que vivieron las familias durante la detención y separación. El equipo médico recomendó que casi todos los niños, niñas y personas adultas evaluados recibieran apoyo terapéutico, incluida la psicoterapia, la liberación de las personas detenidas y los medicamentos psiquiátricos.
“La niña de siete años de edad a la que entrevisté manifestó, en un ejercicio de dibujo, uno de los comportamientos más inhibidos que he observado en mis 20 años como psiquiatra infantil”, afirmó Stuart Lustig, MD, el psiquiatra infantil que realizó una de las evaluaciones en las que se basó el informe. El Dr. Lustig ha realizado numerosas evaluaciones forenses para personas solicitantes de asilo y es un capacitador experto de PHR sobre este tema. “Ella mostró características distintivas del trastorno de ansiedad por separación, incluido un nivel de inhibición muy acorde con niveles elevados de ansiedad profunda, probablemente asociados con el trauma de la separación familiar”.
El informe completo está disponible en phr.org/family-separation.
Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.